Cancelar el contrato de LUMA costaría $1,300 millones

LUMA Energy pidió al Tribunal Supremo rechazar la demanda del gobierno de Jenniffer González Colón para cancelar su contrato, alegando que la movida costaría $1,300 millones a los abonados, pondría en riesgo 4,000 empleos y fondos federales para reconstruir la red. La empresa defendió la validez de la extensión otorgada en 2022 y acusó al Ejecutivo de usarlos como "balón político".