González firma ley de reforma judicial que redistribuye poderes del Tribunal Supremo

La gobernadora Jennifer González convirtió en ley el Proyecto del Senado 1096, una reforma judicial que redistribuye las facultades administrativas del Tribunal Supremo entre su presidencia y el pleno de sus miembros. Entre los cambios principales se encuentran la transferencia al pleno de la facultad de reglamentar la administración de los tribunales —incluyendo traslado de jueces y asignación de recursos—, la eliminación de la categoría de Juez Municipal, y la obligación de traducir al inglés todas las decisiones del tribunal. La medida fue firmada a pesar de cientos de peticiones de veto provenientes de Puerto Rico y la diáspora, y enfrenta críticas de juristas y profesores de Derecho que cuestionan su constitucionalidad y advierten que representa un golpe a la independencia judicial.