Salud y ASSMCA defienden protocolos tras polémica por contrato de $60,000 mensuales

El Departamento de Salud y la ASSMCA defendieron los protocolos para la ubicación de personas con discapacidad intelectual provenientes del sistema correccional en hogares residenciales. La controversia surge por un contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021 a la empresa privada One Source Investigations para la supervisión y cuidado de un solo participante con discapacidad intelectual y antecedentes penales en el hogar Hacienda Don Luis. El contrato está vinculado a Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria del Departamento de la Familia, quien se desempeñaba como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de Salud cuando se otorgó dicho contrato.