A 10 años de PROMESA: pensiones protegidas, municipios golpeados y UPR transformada

A una década de la implementación de la ley PROMESA, Puerto Rico enfrenta un balance mixto de sus efectos sobre las finanzas públicas y los servicios esenciales. Un movimiento ciudadano liderado por Eva Prados logró oponerse exitosamente a los recortes de pensiones propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, protegiendo los ingresos de aproximadamente 167,000 retirados. Sin embargo, los municipios continúan pagando el costo de la ley, especialmente tras la eliminación del Fondo de Equiparación, sin que se haya logrado la transformación estructural esperada de los gobiernos municipales. Además, la Universidad de Puerto Rico ha experimentado recortes presupuestarios significativos, aumento en la matrícula y una disminución en la cantidad de estudiantes matriculados, según economistas y académicos.