Mayoría de interdictos para paralizar construcciones los presenta el Gobierno, no grupos ambientales

Una investigación del Capítulo de Rincón de la Fundación Surfrider y la coalición Paseo Responsable concluye que la mayoría de los recursos de paralización presentados en los tribunales para detener proyectos de construcción provienen del propio Gobierno de Puerto Rico, no de comunidades u organizaciones ambientales. El análisis revisó 924 interdictos presentados en el Tribunal de Primera Instancia entre enero de 2025 y mayo de 2026. Estos hallazgos contradicen las declaraciones del representante del PNP Jorge "Georgie" Navarro Suárez, quien argumentó que la Ley 82 de 2026 —que impone una fianza para paralizar obras autorizadas por el Estado— busca frenar pleitos "caprichosos" por parte de grupos externos. El Centro de Periodismo Investigativo califica de FALSA la narrativa que justificó la aprobación de dicha legislación.