Juristas advierten choque constitucional por ley que impone fianza para apelar permisos

Juristas consultados por El Vocero advirtieron que la Ley 82-2026, aprobada el 12 de mayo sin vistas públicas, enfrenta serios cuestionamientos constitucionales por limitar el acceso a los tribunales y debilitar la protección ambiental. La ley exige que quienes impugnen permisos de construcción demuestren un interés propietario o personal sujeto a daño inminente, y obliga a pagar una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para solicitar su paralización. Ante el debate público generado, el representante novoprogresista Jorge "Georgie" Navarro, autor de la medida, presentó el lunes un proyecto de enmienda aclaratoria que elimina parte de dicha obligación.