Junta de Libertad Bajo Palabra pide enmiendas a ley y más personal especializado

La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) compareció ante comisiones de la Cámara de Representantes para reconocer deficiencias operacionales y solicitar enmiendas a la Ley 118 de 1974 que la creó, así como personal adicional especializado en salud mental para mejorar la evaluación de casos. El presidente de la JLBP, Samuel González Rosas, explicó que la entidad cuenta con solo 39 empleados y ocho oficiales examinadores, insuficientes para analizar expedientes, mantener estadísticas de cumplimiento y elaborar perfiles psicológicos y psiquiátricos de los confinados. Las vistas surgieron en el contexto del caso de Carlos Estefano Pino, identificado por la Policía como "persona de interés" en el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro en Caguas, quien disfrutaba de libertad bajo palabra pese a acumular condenas de 167 años por delitos graves cometidos desde 1976. Los miembros de la JLBP defendieron que actualmente supervisan a las 577 personas que gozan del privilegio de libertad bajo palabra.